La Ley prohíbe adjudicar contratos de la Administración a las empresas que no estén al día con el fisco. La decencia impide subvencionar con dinero público a entidades de dudosa transparencia contable. El decoro político desaconseja firmar convenios con personas condenadas por los tribunales. Esas premisas, válidas en cualquier ámbito económico y social, son papel mojado cuando en un lado de la mesa se sienta un político con pocos complejos y en el otro el presidente de un club de fútbol. Fútbol es fútbol, que diría Vujadin Boskov. Y política es política.
La Junta de Andalucía acaba de firmar un convenio de patrocinio con el Sevilla FC y el Real Betis que reportará a cada uno de los clubes un mínimo de 50.000 euros, cantidad que irá acrecentándose en 15.000 euros por cada fase de la Europa League que superen y a la que se añadirán otros 30.000 si llegan a la final.
En este último caso, cada club se embolsaría un total de 170.000 euros de las arcas públicas. No está mal la prima del consejero Rafael Rodríguez.
Prima sobre prima, cabría decir. Porque hace sólo cuatro meses el Ayuntamiento de Sevilla anunció una rebaja fiscal al Betis que ya quisieran para sí muchos empresarios de la ciudad. De la deuda inicial de 1,4 millones, el Betis sólo pagará 230.000 euros.
El Sevilla, que le debe al Ayuntamiento 3 millones de euros, ya se ha puesto en cola.
Aún así, estos dos últimos regalos (brillantes operaciones, en opinión de sus promotores y beneficiarios) son el chocolate del loro en comparación con las recalificaciones, condonaciones y dádivas varias con las que las administraciones han venido regando al fútbol en las últimas décadas. Dinero que, tal y como entraba en la caja del club, volvía a salir en dirección al bolsillo del intermediario del 'crack' de turno sin que ningún político de ninguna administración osara cuestionarlo. ¿Auditorías? ¿Control fiscal? ¿Justificación contable? Quiá..., fútbol es fútbol.
La experiencia de los últimos años (el concurso de acreedores del Betis; la imputación de Lopera y otros ex directivos del club; la condena judicial de Del Nido; la deuda global de los clubes españoles superior a los 660 millones de euros...) unida a la asfixiante política de recortes en servicios públicos habían generado esperanzas de cambio en la relación entre las administraciones y el fútbol.
Pero no hay manera. Para el fútbol sí hay dinero público porque a quienes lo manejan les puede ese rédito de imagen que comportan la foto con el presidente y la vinculación con los éxitos deportivos. Al final, no es más que una sociedad de intereses. Una sinergia. Pues ya saben: el próximo gol es a escote.
https://twitter.com/FcoJavierRecio
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